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¡Rayas! ¡Quiero paso!
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¡No hay paso! - respondieron las rayas.
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¡No va a quedar una sola raya con cola, si no dan paso! rugió la tigra.
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¡Aunque quedemos sin cola, no se pasa! - respondieron ellas.
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¡Por última vez, paso!
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¡NI NUNCA! - gritaron las rayas.
(Horacio
Quiroga, El paso del Yabebirí)
Todo comenzó con la propuesta de crear una Ley de Urgente Consideración, una vez ganadas las elecciones por parte de la Coalición Multicolor. En campaña no se hizo una sola mención a lo que dicha ley contendría. Los y las votantes firmaron un cheque en blanco.
A las promesas de que no se tocarían las partidas de Gasto Social, Educación y Vivienda los siguió la Ley de Presupuesto, que tiraba por tierra toda promesa electoral e impartía recortes feroces en todas las áreas del Estado, exceptuando las referentes a gastos de Defensa.
Si bien es mucho lo que se puede hablar sobre estos temas, en esta primera reflexión haremos un breve repaso, que profundizaremos en futuras publicaciones, para informar sobre lo que implican en la vida de todos y todas las uruguayas, analizando la LUC por área temática, de cara al próximo referéndum.
Y llegó la pandemia
En un contexto en el que todos los Estados del mundo han dejado de lado los recortes y han potenciado al Estado Nacional y sus estructuras, como forma de paliar la emergencia sanitaria, social y económica, el Estado uruguayo innovó haciendo caso omiso de esta realidad y mostrando su verdadera intención en cuanto a cuáles eran para el gobierno las prioridades y las emergencias: el salvataje de los empresarios privados y la garantía de mantener y mejorar sus márgenes de ganancia, en base a exoneraciones impositivas, subsidios y privilegios. Todo esto en detrimento de la verdadera emergencia, la social, que implica a las necesidades populares. Estaban orgullosos de eso pero tuvo sus consecuencias cuando la gente necesariamente tuvo que salir a trabajar para parar la olla. Porque mientras el estado guardaba la plata, quien paraba la olla fue la solidaridad de la clase trabajadora y las organizaciones sociales.
De esta forma, la excusa de la pandemia (tan real en todas sus dimensiones) les ha servido para llevar adelante toda una serie de normativas que atentan contra el pueblo, los servicios públicos y principalmente contra todas y todos los trabajadores. Se cercena la capacidad de las empresas públicas de brindar el servicio en beneficio de la gente, con una rebaja del sueldo real que todos y todas estaremos pagando hasta el año 2024. Las certezas de lograr esa recuperación son como una bruma, nada nos garantiza que en ese año se recupere el salario perdido, lo que se encuentra condicionado a la marcha de la economía (REGLA FISCAL).
La era de la motosierra
En la misma línea, se recortan derechos, como el consagrado en el artículo 38 de la Constitución que se modifica con una ley que deja más dudas que certezas, sobre cómo esto podría impactar en la situación de emergencia sanitaria. Esta ley no define medidas objetivas sobre el concepto de aglomeración, ni cuál sería el motivo para la aplicación de las multas (que van de 30 a 1000 UR), ni cuál el órgano encargado de su fiscalización y resolución. Lo que evidencia la discrecionalidad y el difuso criterio al momento de su aplicación. Lo anterior se suma a la ya recordada norma que prohíbe la apertura de bares, pubs, etc., pasada la medianoche (la Ley Cenicienta).
Esta prohibición transitoria no parece ser otra cosa que una medida que busca coartar el derecho de reunión, lisa y llanamente, y que bien podría aplicarse a innumerables fines, como el derecho a manifestarse.
Este no es el presupuesto que la gente votó...
Con este presupuesto el gobierno incumple varias promesas electorales. En campaña electoral se anunciaba un enorme recorte que, se prometía, no afectaría en nada los recursos destinados a las políticas sociales. Sin embargo, la mayor parte de los recursos que se recortan salen de las necesidades en salud, educación y vivienda. Ya la propia Ministra de Vivienda aclaró que de las 50 mil viviendas prometidas apenas se proyecta cumplir con la mitad, contando incluso las que ya dejó en construcción el gobierno del anterior. Y si bien se garantizaba que no iban a sufrir salarios ni jubilaciones, de la aplicación del presupuesto surgirá una pérdida del salario real de los trabajadores públicos, y de las proyecciones presupuestales, y por lo mostrado en las pautas salariales, una pérdida de salario privado, que impactarán perjudicando también a jubilados y pensionistas. Este no es el presupuesto que la gente votó. (1)
En marzo de éste año, cuando la primera ola de la pandemia hacía estragos en el mundo, el gobierno decretó un tarifazo (o como le gusta decirlo a ellos, adecuación tarifaria) que elevó los costos de los servicios públicos entre el 7 y el 10 %, por primera vez en quince años, por encima de la inflación, en un contexto de miles de trabajadores y trabajadoras en el seguro de paro. En campaña, el Partido Nacional se rasgaba las vestiduras diciendo a los cuatro vientos que no aumentarían las tarifas públicas ni se crearían nuevos impuestos.
A esto se suma, a fines de marzo, el descuento de entre el 5 y el 20 % de los sueldos de todo el sector público, cuyos ingresos superaran los $ 100 mil afectando además a las jubilaciones por un plazo de dos meses. Esta medida dejó por fuera únicamente a policías, soldados y personal de la salud. Además, no contemplaba ningún tipo de situación familiar o vulnerabilidades existentes en los núcleos familiares afectados. Cabe recordar también que en este tiempo todas las mutualistas enviaron trabajadores al Subsidio por desempleo.
Ahora sí, siempre con la máxima de que en esta crisis las trabajadoras y trabajadores debían ser solidarios, con el fin de crear el fondo Coronavirus. Un fondo que no explicitaba las áreas en las que sería volcado y que en la práctica se limitó a una multiplicidad de exoneraciones, subsidios y privilegios a empresas privadas, las que ya se habían ahorrado millones de dólares en el envío de miles de trabajadores al Subsidio por desempleo.
Como si esto fuera poco, se presentó un nuevo agravante: la falta de negociación con los trabajadores, prescindiendo de cualquier tipo de ámbito al respecto, cuestión que incluso fue mucho más lejos cuando en diciembre de este año y a instancias del ministro de Trabajo (Mieres) se decide con los votos de la coalición en el Parlamento, que los salarios vacacionales que debían pagarse a todos los trabajadores del sector privado por licencias generadas en 2019, podían trasladarse sin más hasta diciembre de 2021. Una situación que ya era ilegal al llegar a mediados de diciembre. Igualmente muchísimas empresas no pagaron esa partida. Recordemos que miles y miles de trabajadores y trabajadoras no pudieron gozar de sus licencias por haber sido enviados masivamente al seguro de paro.
Una vez más, los y las trabajadoras pagan la crisis.
Esta es otra concepción innovadora del gobierno de la coalición multicolor, que sigue con la idea de Robin Hood pero al revés, quitándole a los pobres para darle a los ricos. Por decreto, legalizando lo ilegal..
Una vez más, sin ningún tipo de negociación, violando absolutamente los principios de negociación colectiva, imponen por ley, ataques directos a la clase trabajadora.
Estado mínimo y represión
El contraste de presupuesto entre los distintos sectores del Estado evidencia cuales son las prioridades del gobierno.
El Ministerio del Interior está autorizado a contratar hasta 1000 policías retirados y en el Ministerio de Defensa, los rubros asignados serán destinados para el aumento del salario del personal subalterno y para el personal que realiza funciones de control fronterizo. Contrastaría la contratación de 1000 policías más con el recorte y pérdida de vacantes en el resto del estado, en particular los 640 que se perdieron en el BPS y los más de 150 becas y pasantías se daba al mismo tiempo que se duplicaban o triplicaban los seguros de paros y los subsidios por enfermedad, así como el registro de cierre de empresas, entre otros.
Mientras tanto...
Los y las empleadas públicas tendrán una pérdida salarial en 2021 ya que el aumento que recibirán se determinará restándole a la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC) de 2020, el centro del rango meta fijado para este año.
La ley de presupuesto a su vez habilita a declarar excedentarios a funcionarios públicos, lo cual junto a las disposiciones de la LUC que impiden la total renovación de cargos de aquellos que se jubilan, impactará en una reducción de la plantilla. (2)
Como una de las medidas sociales, se postergaron por tres meses los pagos de préstamos del BROU a empleados y jubilados, que en la práctica no significó una postergación, sino una refinanciación, permitiendo cobrar más intereses a la larga.
También se realizó postergación de pago de préstamos a empresas y los jubilados en BPS, no pudiendo renovar en diciembre por no llegar al número de cuotas pagas, ¿no sería esta situación más apremiante que la de marzo?, ¿no serían medidas a repensar ?
La Ministra de Economía dijo públicamente que su gestión deberá medirse por el éxito en bajar la inflación y reducir el déficit. Para el gobierno, los equilibrios macroeconómicos pasan a ser -ya no una condición necesaria para el buen funcionamiento de la economía- sino la finalidad y objetivo último de la política económica: ya los mercados se encargarán de todo lo demás. (3)
A esta altura del partido está más que claro a quienes se pide el ajuste del cinturón y quienes (sectores empresariales y grandes capitales) están exentos de contribución en estos tiempos tan difíciles. Y es que como gusta decir a mucha gente, crisis significa oportunidad y está más que claro quienes son los y las que se están beneficiando en esta pandemia y los que están perdiendo derechos e ingresos.
La LUC
(Ley de ¿Urgente Consideración?)
Previo a esta situación, fue votada la LUC, que contiene en su cuerpo más de 400 artículos que comprometen todas las áreas de la sociedad, menos (claro está) los grandes capitales y lo empresarial.
Se crean normas represoras y autoritarias, justificando un accionar desmedido en las fuerzas policiales y militares, que ya están teniendo efectos en la sociedad. Se recorta la participación de trabajadores en numerosos ámbitos del Estado y se plantan las semillas para la privatización de numerosas empresas públicas entre sus objetivos principales.
Así mismo, se agrega el urgentísimo artículo reglamentando la creación del chorizo casero (de veras esto era urgente), la portabilidad numérica en cuanto a la telefonía, ya Antel de todos ha pedido 250mil clientes (permitiendo mayor competencia en detrimento de ANTEL) y un larguísimo etcétera.
Los y las trabajadoras vemos (y a partir de enero, aún más) un ajuste en nuestros salarios. Pero no es el gran patronal privado el que sufre un ajuste, no se trata de un ajuste sobre el sector privado, se trata de un ajuste al trabajador privado, a este es a quien ajustaron, al que le rebajaron el sueldo, lo enviaron al Subsidio por desempleo, lo despidieron y perdió el empleo.
Los grandes capitales siguen ganando lo mismo o más que antes. (4)
...la referencia de ajuste al privado es al ajuste que los hace la patronal privada contra el obrero: el que recoge basura del contenedor, los trabajadores tercerizados, los más de 100 mil despidos, sobre ese sector privado, sobre la clase obrera es donde aplican el ajuste. El ajuste es sobre el nene descalzo que se desarrolla o no se desarrolla, corriendo por calles de tierra. No están hablando del sector privado que viaja en sus aviones particulares, el que tiene mansiones, grandes depósitos bancarios, propiedades en el exterior con piscinas y palmeras. Toda esa historia, ese relato para enfrentar el trabajador privado con el público, diciendo que el público es un privilegiado, es la imagen que quieren vender, para dividir y derrotar a los trabajadores de conjunto, primero a un sector luego al otro. Es cierto que hay trabajadores que son privilegiados en los altos cargos, que por lo general entran a dedo, puede haber como en todos lados quienes trabajan poco, pero no son la mayoría. Puede haber excepciones como en todas las cosas. Pero no es la realidad. (5)
Para
cerrar...
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¡Paso de nuevo!
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¡No se pasa!
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¡No va a quedar raya, ni hijo de raya, ni nieto de raya, si no dan paso!
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¡Es posible!, respondieron las rayas. ¡Pero ni los tigres, ni los hijos de tigres,
ni los nietos de tigres, ni todos los tigres del mundo van a pasar por aquí!
Así
respondieron las rayas. Entonces los tigres rugieron por última vez:
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¡Paso pedimos!
-
¡NI NUNCA!
Y la
batalla comenzó entonces
Horacio
Quiroga
Es hora de que las rayas comencemos a velar por nuestros derechos, porque los tigres no pasarán, no será el pueblo quien pague la crisis. Lo ganado no se debe perder. Es una lucha desigual, pero también es cierto que las rayas somos muchísimas más que los tigres y también somos quienes dictamos los verdaderos destinos de nuestro país, somos nosotros y nosotras las que ponemos o cambiamos los gobiernos, estos pasan, las rayas permanecemos.
Referencias
(1) El paso del Yabebirí es un cuento de Horacio Quiroga, incluído en el libro Cuentos de la Selva de 1918
(3) http://www.laizquierdadiario.com.uy/Un-presupuesto-de-ajuste-y-antipopular
(5) y (6) https://www.ist.uy/presupuesto-del-gobierno-ajuste-recortes-y-privatizacion/
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